La legislatura está considerando el cuidado de la salud y el tema de la prisión en el estado

Friday, Feb. 06, 2015
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La sesión legislativa del 2015 es muchos aspectos luce muy similar a la del 2014. Más o menos en esta español  el año pasado, la Diócesis de Salt Lake City advocaba por el gobernador Gary Herbert y por los legisladores para que expandieran el Medicaid en el estado a personas con menos del 138 por ciento del nivel de pobreza (por ejemplo las personas que ganan menos de $16,000 al año). 
Este año seguimos advocando por el aumento en la cobertura médica en el estado solo que hay una diferencia: el Gobernador Herbert ha propuesto un plan que cubriría decenas de miles de personas de bajos ingresos de Utah, mientras que los legisladores, a través de la ‘Health Reform Task Force’ continúan promoviendo un plan más costoso y  de menor cobertura.
Nuestras enseñanzas Católicas en el tema no han cambiado. Todavía estamos enfocados en la dignidad el ser humano. Todavía creemos que cada ser humano debe tener acceso a lo que es necesario para llevar a una verdadera vida humana: comida, vestido, salud, trabajo, educación, cultura y al derecho de establecer una familia. Y nuestra iglesia todavía enseña que cuando a las personas les falta tal acceso, la función prudente de la autoridad civil es hacerlos accesibles.
Como el año pasado los argumentos  de la legislación en contra de la expansión de la cobertura de salud a través del Medicaid no han cambiado y se pueden sumarizar como “Es la ley de Obama y  no nos gusta”, o “El gobierno federal no podrá cumplir su promesa de pagar, así que no la queremos”.
Ningún argumento tiene mérito desde una perspectiva ya sea moral física o política. Yo no pierdo el tiempo con el argumento infantil de “no me gusta”. En cuanto a los argumentos fiscales, todos los reportes tanto del interior como del exterior de un punto de vista del gobierno en cuanto a mejorías estables en la economía nacional, y en que los Estados unidos no han negado pagos de Medicaid desde su nacimiento hace 70 años.
También resulta difícil aceptar los argumentos que la Task Force estatal ha propuesto para un plan de salud más caro que cubre a menos individuos de bajos ingresos y desanimaría a las personas a trabajar. La propuesta de la Task Force es una política pública mala e incompatible con las enseñanzas Católicas en cuanto a la dignidad y santidad de la vida, la dignidad del trabajo, y la opción preferencial al pobre.
De manera interesante uno de los aspectos de ‘Healthy Utah’ que pareciese tener valor para los legisladores es el impacto en el sistema de justicia. Muy parecido al año pasado, la pregunta que nos hacemos en cuanto a la vieja prisión en Draper sigue siendo el frente de batalla de la legislación. 
Afortunadamente el enfoque de la sesión está menos en donde se coloca la prisión y más en como disminuir el número de prisioneros. Tal vez la manera más efectiva sería dándoles tratamientos de salud mental  y de abusos de substancias antes de que las personas cometan crímenes tan serios que los llevan a la prisión. 
Healthy Utah podría proveer de la tan necesitada cobertura a cerca del 62% de las personas de bajos recursos que necesitan tratamientos para su abuso de substancias y que actualmente no tienen cobertura, o que son pagadas con  fondos que serían empleados para la vivienda, cuidados de niños o para ayuda para encontrar empleos. 
Hasta ahora, con unas cuantas excepciones, los legisladores han mostrado un mayor nivel de entendimiento con respecto a los impactos que tienen en una persona los desórdenes mentales y  los abusos de substancias sin tratamiento, incluyendo la conducta criminal y la pobreza.
Tristemente solo unos cuantos legisladores parece creer que la mejor manera de reducir la población en las prisiones es mediante la pena de muerte, ejecutando a las personas. 
Mientras que esta pudiese ser la reacción que muchos de nosotros tengamos cuando escuchamos los horrorosos crímenes, el gobierno no debe de funcionar mediante reacciones viscerales. 
En su lugar el estado necesita considerar los impactos de seguridad pública al matar a sus ciudadanos y entender que la ejecución ha demostrado no detener el efecto de los crímenes. Nosotros como Católicos debemos de considerar las implicaciones morales al condenar al estado las ejecuciones y lo que significa depravar a un individuo de la oportunidad de reconciliarse con Dios.

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