¡Saludos en la Paz y amor de Cristo! Quisiera llamar su atención hacia de una propuesta en la Legislatura de Utah, la cual impactará una antigua tradición espiritual practicada por nuestra Iglesia Católica.
El Catecismo de la Iglesia Católica (#1457) explícitamente llama a que cada fiel reciba el Sacramento de la Confesión por lo menos una vez al año, o cuando el fiel Católico busque el perdón de Dios a través de la Reconciliación (Ley del Derecho Canónico 989) . Si hemos cometido algún pecado, no debemos participar en la Eucaristía sin antes acudir a la Confesión.
El Sacramento de la Confesión, también conocido como Sacramento de la Penitencia, es una parte central de nuestra Fe Católica. Durante dos milenios, nosotros los Católicos, hemos tomado esta oportunidad – un don divino concedido por Jesús- para revelar nuestra conciencia ante Dios a través del sacerdote, quien en ese momento de gracia, personifica a Cristo. El Sacramento nos ayuda a prepararnos para recibir la Eucaristía y a participar plenamente en nuestra fe. Nos confesamos y buscamos la absolución de nuestros pecados a un sacerdote, ya que Jesús les dio a sus discípulos la autoridad para perdonar nuestros pecados, y es a través del ministerio sacerdotal que Dios nos ofrece su misericordia.
Lo que se dice en el confesionario es en privado, entre el penitente y Dios. La ley Eclesial requiere que todos los sacerdotes guarden completo secreto acerca de lo que escuchan en Confesión (Ley del Código Canónico 983§1). La certeza de la confidencialidad y el conocimiento de que la Confesión es una conversación sagrada con Dios anima a que los Católicos busquen recibir la misericordia de Dios y a reconciliarse no solo con Dios, sino con las comunidades y víctimas.
Sin embargo, una vez más este año, la Legislatura de Utah está considerando una legislación que requeriría a los sacerdotes a reportar a las fuerzas del orden si se les informa de abusos a menores durante el Sacramento de Confesión. Cuando una propuesta similar fue sugerida en el 2020, pedí a todos los feligreses de nuestra diócesis que ayudaran a defender nuestros derechos religiosos y se opusieran a ese proyecto de ley; este año, vuelvo a pedir a los Católicos de Utah que se pronuncien en defensa de nuestra fe.
No hay duda en que debemos proteger a los niños inocentes y prevenir el abuso a menor. Sin embargo, no existe prueba de que al obligar a un sacerdote Católico a romper el Secreto del Confesionario, se ayudará a lograr esto, y la legislación que requiera que un sacerdote lo haga viola nuestro derecho a practicar nuestra religión.
La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a los legisladores infringir el libre derecho de la religión. Por siglos la Iglesia Católica ha exigido de que los sacerdotes mantengan el Secreto de Confesión, y el romper este sello significa la excomunión automática para el sacerdote. Poner a los sacerdotes en la posición de perder su vocación o de enfrentarse con cargos criminales parece ser una violación evidente de nuestras protecciones de la Primera Enmienda. El privilegio clero-penitente tiene sus raíces en la imperiosa necesidad de que el penitente revele a un sacerdote, con total y absoluta confianza, cualquier acto o pensamiento erróneo o pecaminoso, y busque orientación y la absolución de Dios. Es deber sagrado del sacerdote mantener en secreto cualquier información que oiga en la Confesión; de lo contrario, violará la confianza y la intimidad del penitente.
Quienes proponen esta legislación se preguntan por qué los sacerdotes deben de ser tratados diferentemente a los terapistas, o maestros, u otros profesionales. La respuesta es muy sencilla y es que esas otras profesiones, y sus clientes, no están practicando su religión. En el Confesionario el sacerdote se sienta como un conducto vivo hacia nuestro Dios. Que el gobierno demande a que los sacerdotes rompan la sacra confianza del Sacramento de Confesión desalentaría a las personas de su participación en esta sacra conversación con nuestro Salvador, aun si los sacerdotes voluntariamente se enfrentaran a la ley y se opusieran a romper el secreto.
Un sacerdote que escucha una confesión de delito penal puede exigir al penitente que se autodenuncie ante las fuerzas del orden, que busque asesoramiento, que se ofrezca a hablar con la persona fuera del confesionario y acompañarla en el acto de autodenuncia, o exigir algún otro acto similar de justicia restauradora a través de la penitencia.
No existe evidencia de que al obligar a que los sacerdotes revelen casos de abusos escuchados en el Confesionario hubiera evitado un solo caso de abuso de menores. Por otro lado, hay muchas razones para creer que la eliminación del privilegio significaría que los perpetradores simplemente no acudirán al Confesionario.
Aplaudo la motivación de la legislación propuesta. Todas las personas de buena voluntad quieren garantizar la seguridad de los niños y protegerlos de los abusos. Pero los proyectos de ley que obligan a los sacerdotes a revelar lo que se les dice en un acto puramente religioso de confesión no harán más que negar a la gente el libre ejercicio de su religión, negando posteriormente a las víctimas una oportunidad crucial de recibir ayuda y curación.
La Legislación propuesta es una invasión de nuestro primer derecho fundamental del ejercicio libre de nuestra religión y va en contra de la tradición de nuestra Iglesia Católica y de otras denominaciones religiosas quienes se toman muy en serio la confidencialidad como una confianza sacra que no puede ser violada ni aunque cueste la libertad y la muerte.
Por lo tanto, pido respetuosamente a nuestros legisladores que se opongan a este proyecto de ley, y animo a todos los fieles de la Iglesia a que hablen con sus respectivos representantes, les llamen por teléfono, les envíen una carta o un correo electrónico y les hagan conscientes de la centralidad del Sello del Confesionario para nuestra fe.
Además, la Iglesia Católica cree que la conducta sexual inapropiada de cualquier tipo por parte del personal de la Iglesia es un agravio a la dignidad de la persona y a la misión de la Iglesia. El bienestar espiritual de todas las víctimas, sus familias y de la comunidad es siempre de particular preocupación para la Iglesia. La Diócesis de Salt Lake City toma muy seriamente las acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucran a menores o a personas vulnerables. Cualquier acusación recibida es inme-diatamente reportada con las agencias de ley y es enviado al Comité de Protección de Niños y Personas Vulnerables para que se tomen las medidas necesarias.
En los últimos 30 años, la diócesis ha desarrollado e implementado un programa de ambiente seguro, publicado estándares de conducta para los sacerdotes y diáconos así como para los empleados, voluntarios y cualquier persona de la Iglesia en posiciones de confianza quienes tienen contacto regular con niños y personas vulnerables. En 1990 la diócesis también implementó pólizas y procedimientos por escrito con respecto a los reportes y manejo de demandas de abusos a menores. Las pólizas actualizadas reflejan los mandatos de la Carta de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos de 2022.
Hemos publicado en el sitio web de la diócesis, la lista completa de todos los sacerdotes contra los que se han presentado denuncias creíbles de abusos sexuales a menores desde 1950, para ofrecer la transparencia que ayudará a reparar al menos algunas de las heridas dejadas por las acciones ilícitas de sacerdotes que abusaron de su sagrada confianza.
La Diócesis también ha publicado diversas maneras de reportar tales crímenes, y anima a que cualquier persona que haya sido víctima de un abuso o explotación por parte del clérigo, religiosos o personal laico de la Iglesia a presentar dicha denuncia. El coordinador de asistencia a las victimas está disponible para ayudar a realizar dichos reportes, su número es el 801-328-8641, ext. 344.
Seguimos en oración por las víctimas y por sus familias y les pedimos perdón por no haberles protegido en el pasado. Continuamos comprometidos en atender las acusaciones de abuso del clero en nuestra diócesis con la esperanza de eliminar este flagelo que hiere a tantos niños, removiendo del ministerio a quienes cometen el crimen, y ayudando en el proceso de sanación de las victimas traicionadas por hombres en que depositaron su confianza.
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